México: Cinco años de Ayotzinapa: El reto de visibilizar el impacto de graves violaciones a los derechos humanos desde el periodismo

 

Emir Olivares Alonso, Periodista de La Jornada, México

La víspera de la presentación del Primer Informe de Gobierno por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador, el 1 de septiembre pasado, se vio marcada por un hecho inesperado y que dejó en entredicho al sistema de procuración de justicia mexicano. Uno de los principales sospechosos de jugar un rol central en la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa –en septiembre de 2014— obtuvo su libertad.

Gildardo López Astudillo El Gil -señalado como lugarteniente de la organización criminal Guerreros Unidos- fue absuelto luego que un juez federal desestimara 81 de las pruebas presentadas por las autoridades de justicia mexicanas al considerar que se obtuvieron de manera ilegal, incluida la tortura.

Más allá de si El Gil es o no responsable de los crímenes contra los normalistas de Ayotzinapa -un caso que en su momento conmocionó a la sociedad global y no sólo a la mexicana-, las pruebas en su contra se desvanecieron debido a que funcionarios de la extinta Procuraduría General de la República (PGR) incurrieron en prácticas de tortura contra este y otros implicados, prácticas que entre otros ya había documentado la oficina en México de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Desde hace más de una década, mi experiencia en el mundo del periodismo me ha hecho mantener una afirmación. Para mí, México es el país en el que no pasa nada, y donde todo es posible. Y sí, como en su momento el ex relator contra la tortura de las Naciones Unidas, Juan Méndez, lo comprobó, la tortura es una práctica sistemática y generalizada en México.

Ayotzinapa es un caso de relevancia mundial para México, y aun así los funcionarios de la PGR se atrevieron a recurrir a prácticas ilegales -entre ellas la tortura- para construir su propia versión: la llamada “verdad histórica”, la cual, gracias al esfuerzo de las familias de los normalistas, de organizaciones de la sociedad civil, de expertos independientes y de organismos nacionales e internacionales de derechos humanos, quedó de manifiesto que fue una hipótesis armada por las autoridades mexicanas sin apegarse al derecho y a evidencias científicas.

Si ha sido así con ese trascendente asunto, ¿qué puede esperar el resto de casos seguidos por la justicia en el país?

De ahí la relevancia para que los periodistas especializados en temas de seguridad, procuración de justicia y derechos humanos profundicen en el conocimiento de las obligaciones internacionales del Estado mexicano en materia de garantías fundamentales, tanto en el sistema de Naciones Unidas como en el Interamericano.

Conscientes de ello, la Organización Mundial contra la Tortura (OMCT) ha emprendido un gran esfuerzo por aportar en la capacitación de periodistas en el tema que les compete: la tortura; y en particular para conocer en la práctica los alcances de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, con la cual se creó el Comité contra la Tortura (CAT, por sus siglas en inglés).

Gracias a la OMCT, un grupo de periodistas mexicanos pudimos estar en noviembre pasado en Ginebra, Suiza, en un intercambio con expertos con los que fue posible entender la forma en que se evalúa a los Estados ante el CAT.

Tres de esos periodistas fuimos favorecidos una vez más y pudimos estar de nuevo en Ginebra, para llevar a la práctica lo aprendido en la primer visita. En abril tocaba a México comparecer ante el CAT.

Así, pudimos seguir de cerca la evaluación al Estado mexicano, donde tanto las víctimas como las organizaciones civiles expusieron ante los expertos de la ONU la situación en torno a la tortura del país, mientras que los representantes del Estado aportaron argumentos donde la base central fue que si bien la tortura se da en el país, no se trata de una práctica generalizada, como los miembros del CAT señalaron. Días después vinieron una serie de recomendaciones que deben ser atendidas por las autoridades mexicanas a fin de combatir ese flagelo.

Entre las recomendaciones, destaca precisamente la necesidad de adoptar medidas para asegurar que sean inadmitidas declaraciones obtenidas mediante tortura; la urgencia de aprobar un Programa Nacional para prevenir y sancionar la tortura y los malos tratos, garantizando la participación de las organizaciones de la sociedad civil; y una petición al Estado mexicano para “pronunciarse sin ambigüedades a favor del respeto de la prohibición absoluta de la tortura y los malos tratos”.

El ejercicio permitió realizar una interesante cobertura a cada uno de los periodistas presentes en Ginebra. En lo personal fue enriquecedor y un reto profesional dentro del periódico para el que colaboro, La Jornada -uno de los más importantes del país, con alcance nacional y con una línea editorial progresista-, donde en ambas visitas se lograron textos de interés y que fueron destacados como parte de las notas principales en el diario.

La experiencia me hizo reflexionar aún más en una idea que a lo largo de mi trayectoria he enfrentado día a día: Antes de comenzar a teclear una nota, entrevista o reportaje referente a cualquier tema relacionado con los derechos humanos, un periodista –al menos yo— se enfrenta a una poderosa pregunta: “¿Cómo transmitir estos delicados y revelantes asuntos a una ciudadanía inmersa en resolver sus circunstancias del día a día?”

La confrontación vista en Ginebra entre expertos y representantes del Estado a la postre ha dejado una serie de resultados positivos. Pues gracias a la capacitación y cobertura dada por los medios, se generaron una serie de notas que, en su justa dimensión, comprometen al Estado ante lo evaluado en el CAT y lo orillan a cumplir con sus obligaciones internacionales para atender las recomendaciones en la materia.

Sin embargo, ahora los retos son mayores. Desde que comencé el estudio de la licenciatura en periodismo, comprendí que se trata de una profesión con un sentido social profundo, cuyo trabajo último es aportar elementos para que se dé paulatinamente una transformación de la sociedad.

Ahora contamos con mayores elementos y conocimiento para exponer las temáticas relacionadas con la práctica de la tortura, lo deleznable que resulta este delito, los compromisos que México tiene en la materia a nivel internacional y las observaciones hechas por el CAT y el alcance que pueden tener. El reto es que ese conocimiento técnico pueda traducirse a los lectores a fin que perciban la relevancia del tema.

Dentro del mundo de los derechos humanos se debe tener mucha autocrítica. Regularmente periodistas especializados en el tema como defensores, activistas y representantes de organizaciones civiles o instancias internacionales se mueven en un mismo espectro que no trasciende hasta la ciudadanía.

En los foros, conferencias, discusiones somos prácticamente siempre los mismos quienes asistimos. De igual forma, entre los reporteros que tocamos este tema en ocasiones nos centramos en una terminología y redacción dirigida a quienes conocen el tema y escribimos o reportamos pensando que los lectores son expertos, cuando no es así.

La experiencia en Ginebra y mi trayectoria profesional me han hecho pensar que tanto activistas como periodistas debemos comenzar por realizar nuestro trabajo pensando más allá de las fronteras, por así llamarlas, de los derechos humanos. Debemos llegar a los ciudadanos, tocar sus fibras, hacerles ver que se trata de temáticas relevantes, que tocan su día a día.

Cuando las personas asuman que son inaceptables las violaciones a derechos humanos y que se trata de garantías que se les tienen que cumplir y respetar, la sociedad comenzará a empoderarse y con ello a exigir sus derechos y la necesidad de revertir el “no pasa nada” y versiones oficiales a favor de la verdad y la rendición de cuentas ante hechos tan graves como la desaparición de los 43 estudiantes hace cinco años. Pareciera un lugar común, sin embargo al final ese debe ser el objetivo último de los comunicadores y activistas: trascender estos temas para alcanzar una transformación social. Ese es el reto, uno muy grande. De ahí la importancia de ser aliados y trabajar de la mano, de ahí la relevancia de esfuerzos como el de la OMCT y del compromiso de los periodistas para llevar a la práctica el conocimiento adquirido.

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